El último cartucho de Katyn

Los familiares de víctimas de la matanza de más de 21.000 polacos en Katyn han visto desvanecerse sus últimas esperanzas de que se lleve a cabo una investigación en profundidad sobre lo sucedido en aquellos boscosos parajes al inicio de la Segunda Guerra Mundial.

Su recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, era prácticamente su último cartucho para forzar a las autoridades rusas a colaborar en el reconocimiento y restauración de la reputación de los soldados y civiles asesinados, pero Estrasburgo sólo ha admitido parcialmente sus quejas.

La Corte europea ha reconocido que se trató de un crimen de guerra y ha condenado a Rusia por no cooperar con los familiares de los fallecidos que desde hace años tratan en vano de acceder a, entre otros documentos, la decisión de cerrar las últimas pesquisas oficiales sobre la masacre. Sin embargo, los jueces han rechazado la petición de los denunciantes de pedir a Moscú realizar una nueva investigación sobre los hechos  aplicando el artículo 2 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (obligación de investigar la pérdida de vidas) ya que, alegan, ha transcurrido demasiado tiempo.

Los hechos se remontan a 1940. Tras la firma del pacto de no agresión Mólotov-Ribbentrop entre el Tercer Reich y la URSS, el Ejército Rojo invadió las regiones más orientales de Polonia en septiembre de 1939. Más de 21.000 personas fueron hechas prisioneras en las inmediaciones del bosque de Katyn, cerca de  la ciudad rusa de Smolensk, y trasladadas a campos de concentración o prisiones. La mayoría eran oficiales del ejército y de la policía en reserva, aunque entre los asesinados hubo también civiles, entre ellos numerosos intelectuales. Entre abril y mayo de 1940, por orden de Josef Stalin, fueron fusilados y enterrados en fosas comunes en el bosque de Katyn y en los pueblos de Pyatikhatki y Mednoye.

Los cuerpos fueron encontrados en 1943 por las tropas nazis en su avance hacia el Este. La identificación de los cuerpos se vio facilitada porque muchos de los fusilados -como contaba el despacho de EFE publicado entonces por La Vanguardia- llevaban puesto el uniforme o portaban objetos personales y anotaciones en almanaques que cesaban en abril o mayo de 1940. Enseguida quedó claro que los cadáveres pertenecían a los polacos desaparecidos al inicio de la guerra. Sin embargo, Moscú trató de responsabilizar de la matanza a las tropas de Adolf Hitler, enredándose en cruce de acusaciones y negaciones que duraría décadas.

No fue hasta 1989 cuando Mijail Gorbachov reconoció la responsabilidad de la URSS. Los archivos desclasificados de la antigua KGB mostraron cómo el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos había dado orden en marzo de 1940 de disparar contra los más de 21.000 militares polacos deportados. En 1992, el presidente ruso Boris Yeltsin entregó a su homólogo polaco Lech Walesa diversa documentación que probaba la responsabilidad soviética en la matanza, pero aún queda mucha información clasificada que las actuales autoridades rusas se niegan a facilitar.

En el 2007 y el 2009, quince ciudadanos polacos, familiares de 12 víctimas de la matanza llevaron sus casos hasta Estrasburgo, donde denunciaron la falta de una investigación adecuada de los hechos por parte de Rusia y se quejaban del desdén con el que las autoridades han tratado sus reiteradas peticiones de colaboración.  Pero, en contra de lo que reclamaban, la Corte Europea de Derechos humanos considera que no tiene capacidad para instar a Moscú a que reabra la investigación sobre lo sucedido.

Rusia, recuerdan los jueces, sólo suscribió el Convenio internacional en 1998. Es decir, 58 años después de los hechos que se quiere juzgar. “Tal periodo de tiempo no sólo es en varias veces superior a otros casos dictados por la Corte en los que se ha invocado la obligación de los estados de investigar, sino que es excesivamente largo en términos absolutos”, afirma la decisión, publicada hoy. La mayor parte de los pasos de la investigación del caso, iniciada en 1990, se dieron mucho antes de que Rusia firmara el convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, recuerdan los jueces.

La sentencia sí reconoce que Rusia ha faltado a su obligación de cooperar con la Corte al no facilitar una copia de la decisión tomada en el 2004 por la Fiscalía General Militar de clausurar la investigación a las familias de los afectados. Algunos de los denunciantes, afirman, han recibido “un trato inhumano” (violación del artículo 3 del convenio de protección de los derechos humanos) por parte de Rusia (una viuda y nueve hijos de víctimas, en el resto de casos no, por o haber conocido a los fallecidos y no poder determinar su sufrimiento).

Los jueces se declaran “impactados por la evidente reticencia de las autoridades rusas a admitir la realidad” de la matanza, la actitud de los militares rusos de “desconfianza hacia los demandantes”, sus intentos de “arrojar confusión a las circunstancias de la masacre” y su negativa a colaborar en la rehabilitación de las víctimas alegando la desaparición de los dossieres.

La Corte reconoce que los descendientes de los fusilados “han sufrido un doble trauma: perder a sus familiares en la guerra y no poder saber la verdad sobre su muerte durante más de 50 años debido a la distorsión de los hechos históricos que llevaron a cabo las autoridades soviéticas y comunistas polacas”. La puesta en marcha de una investigación “pública y transparente sobre los crímenes del antiguo régimen totalitario no habrían podido atentar contra la seguridad nacional  de la Rusia democrática de hoy en día”, resaltan. Rusia deberá pagar 5.000 euros a los denunciantes por los costes del proceso.

El asunto sigue envenenando las relaciones bilaterales entre Polonia y Rusia. En Moscú las autoridades se han felicitado porque la Corte europea no haya cuestionado su decisión de clausurar la investigación, mientras en Polonia el Gobierno celebra que se reconozca que Katyn fue un crimen de guerra y resalta los problemas de Rusia para “cumplir con los estándares europeos del Estado de derecho”. El fallo no es firme y puede ser reexaminado por la Gran Sala del Tribunal si alguna de las partes lo requiere en el plazo de tres meses.

La mala suerte quiso que decenas de altos cargos polacos, entre ellos su presidente Lech Kaczynski, perdieran la vida en el 2010 en un accidente de avión a pocos de kilómetros del aeropuerto de Smolensk, el paraje de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial. Los representantes polacos iban a participar precisamente en un homenaje a los soldados fusilados en Katyn en el 70 aniversario de la tragedia. “Es un lugar maldito”, dijo el ex presidente polaco, Aleksander Kwasniewski. La masacre ha sido llevada al cine por el hijo de uno de los capitanes fusilados por los soldados soviéticos, el director Andrezj Wajda.

La Vanguardia, España
16.04.2012


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