Poscomunismo. Europa del Este: fantasmas del pasado

A quince años de la caída del Muro de Berlín, los países que integraron el bloque soviético aún debaten cómo hacer justicia y castigar a los responsables de la persecución política durante el régimen sin poner en riesgo la todavía frágil estabilidad de las democracias poscomunistas. La revisión del pasado comunista aún no ha terminado

Foto: John Tlumacki/NYTParis. Durante cincuenta años, el sistema comunista se extendió a todos los ámbitos de la sociedad en Europa del Este. Las delaciones y el terror impartido por una de las instituciones que mejor funcionó durante ese medio siglo, la policía política, pasaron a formar parte de la vida cotidiana. Ahora, cuando ya han pasado quince años de la caída del Muro de Berlín y, con ella, del fin del comunismo, las sociedades de Europa del Este aún no logran poner fin a la revisión del lúgubre pasado. Lo que en América latina se conoció bajo la forma de Comisión de verdad y reconciliación, en Europa del Este se llamó "lustración", acto de purificar. Este proceso que atraviesa a las democracias poscomunistas -Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, la ex Alemania del Este, Estonia, Letonia y Lituania- se desarrolló siguiendo versiones diferentes de las llamadas "leyes de lustración", con mayor o menor éxito en su aplicación según los casos.

La experiencia de la ex RDA es citada como ejemplo de una "lustración civilizada" y concluida. En 1990 se creó la oficina Gauck -por Joachim Gauck, nombre del primer director- que centralizó los archivos de la STASI, la policía política, y que hasta hoy fueron consultados por unas dos millones de personas. Pero quizás lo más significativo del caso alemán es que se creó un marco jurídico que impide las malas interpretaciones cuando se debe definir quién colaboró.

Lamentablemente, esta versión alemana de "lustración civilizada" no trascendió las fronteras del Este y, en Polonia o en Rumania, el vacío legal sigue siendo utilizado como un elemento esencial a la hora de chantajear y manipular, en especial en el terreno político.

"En Rumania todos estaban implicados, de una manera u otra, con la Securitate y, desde hace 15 años, todo funciona por chantaje", explica el periodista rumano Radu Portocala, en diálogo con La Nación en París, donde vive desde su exilio en 1977. "En cincuenta años de régimen comunista prácticamente todos tuvieron un expediente", añade.

Cuando cayó el régimen, la Securitate se dividió en nueve servicios diferentes y a cada uno le fue destinada una parte de los archivos. En 1999 la ley de lustración autorizó a los ciudadanos la consulta de los archivos y la futura centralización de los expedientes en un instituto de la memoria, pero en el 2000 los ex comunistas llegaron al poder y bloquearon el proceso.

"Hace apenas tres semanas el nuevo presidente rumano Traian Basescu autorizó que se centralicen los archivos... pero de una sola rama de la ex Securitate", explica Portocala sin esconder su decepción.

"Es evidente que, si los archivos fuesen publicados, la nueva clase política debería ser descartada en masa", añade Portocala. Durante años la nomenclatura en el poder impidió el impulso de una ley para revisar el pasado comunista: "explicaban con argumentos falaces que para dirigir el nuevo Estado se necesitarían especialistas... ¡en referencia a los ex agentes de la Securitate!", exclama.

Memoria en Internet
El caso polaco es similar. Caído el régimen a principios de 1990, la oposición democrática tuvo que pactar con los comunistas para poder transformar el antiguo sistema comunista en una democracia. Pero, a diferencia del caso rumano, en 1992 comenzó a circular públicamente una lista de agentes de la policía política.

El ex presidente Lech Walesa y el ex primer ministro y actual presidente de la Dieta, Wlodzimierz Cimoszewicz, tuvieron su expediente, algo a lo que tampoco escapó Karol Wojtyla, que fue fichado en 1946 con la esperanza de ser utilizado algún día a favor del régimen.

En 1997, la ley de lustración obligaba a las personalidades importantes del Estado a confesar sobre su eventual colaboración con la policía política y un tribunal especial fue habilitado para establecer si una persona colaboró o no con el régimen. Perseguido por su pasado comunista, Jozef Oleski, presidente de la Dieta, tuvo que renunciar en 2004 luego de que el tribunal de lustración lo reconoció culpable de haber colaborado con el régimen.

Desde Varsovia, Bronislaw Wildstein, periodista polaco que se exilió en Francia a principios de 1980 y que ahora ha vuelto a su país, explica a La Nación que, durante los noventa, hubo una campaña importante en contra del esclarecimiento de los hechos del pasado: "Los que se interesaban en ello fueron calificados de bárbaros, salvajes, de gente dominada por el odio".

En su cruzada contra el olvido y en favor de la transparencia, Wildstein decidió copiar a escondidas una lista de 240.000 nombres, archivada en el Instituto de la Memoria Nacional, para divulgarla entre sus colegas. En febrero, la llamada "lista de Wildstein" fue publicada en Internet, lo cual causó conmoción en Polonia y provocó un aluvión de pedidos de consulta en el Instituto. En la lista que copió, Wildstein no diferenció a los agentes y colaboradores de los servicios de seguridad de sus víctimas, lo que causó un escándalo mayúsculo en Polonia e hizo que Wildstein se convirtiera en blanco de acusaciones y críticas; hasta fue despedido del periódico Rzeczpospolita (publicación de derecha) por no respetar la deontologia periodística.

"Estaba totalmente consciente de que había personas fichadas por la policía política que no habían hecho nada. Fueron fichados para ser utilizados eventualmente como colaboradores. Pero era la única forma que yo tenía de hacer que las cosas avanzaran", dice Wildstein a La Nación. Y lo logró, ya que luego de que se publicara su lista, los polacos que descubrieron sus nombres en ella sin comprender por qué comenzaron a asediar el Instituto de la Memoria Nacional a la espera de un "certificado de no colaboración".

A finales de los ochenta, en Polonia como en los otros países del Este, la sociedad se enfrentó con su pasado. Para preservar la paz civil en un país en el que quienes tenían el poder lo perdieron en un abrir y cerrar de ojos, la oposición estuvo obligada a aceptar el compromiso llamado de la "mesa redonda" por el que se aseguraba protección a los comunistas y se garantizaba el "olvido" de sus crímenes.

Wildstein afirma que, en aquel momento, la oposición estaba obligada a lograr un acuerdo con los comunistas que aún ejercían su poder en la sociedad polaca, dividida entre los que estaban en el poder y los que reclamaban desde las calles la apertura democrática. Pero ese acuerdo -sostiene ahora Wildstein- fue realizado en un momento en el que se temía que cualquier paso precipitado pudiera terminar en un baño de sangre. Para el periodista, quince años después, este acuerdo ya no tiene razón de ser.

Las leyes de lustración y la creación en 1999 del Instituto de la Memoria Nacional dieron un fuerte impulso a la revisión del pasado. "Pero desde el verano [boreal] de 2004 los grupos de presión dominados por los ex comunistas intentaron cerrar el acceso público a los archivos y destinarlos únicamente a los investigadores",

"La mejor manera de lograr la revisión del pasado es con un proceso transparente. Ocultar lo que sucedió sería muy ingenuo y pérfido", sostiene.

El rumano Portocala, que no está muy de acuerdo con el método utilizado por su colega polaco, admite que en Rumania no se hizo nada significativo para revisar el pasado. "Hay que pagar por el mal que se hizo, pero, quince años después, es un poco tarde para volver a pensar la ley de lustración", dice resignado.

Cuando partió al exilio, Portocala vivió cinco años en Grecia antes de instalarse en París. Su abuelo fue detenido hace décadas luego de ocupar un cargo de ministro entre 1937 y 1940. Su padre también fue perseguido por la Securitate y estuvo detenido durante varios años antes de poder exiliarse. Así y todo, a pesar de reconocer su pesimismo sobre el resultado de la lustración en su país, Portocala asegura que la mejor manera de lograrla es no sólo con transparencia sino también y fundamentalmente "sin pasiones políticas".

Asignaturas pendientes
Es evidente que la revisión del pasado comunista en los países de Europa del Este no ha terminado, y en algunos casos se podría decir que todavía no comenzó. En Bulgaria, por ejemplo, todo ciudadano puede en principio consultar su expediente, pero en la práctica nadie llega a hacerlo.

En Hungría, en noviembre de 1989, se informó sobre la destrucción de casi la totalidad de los 110.000 expedientes de los colaboradores y delatores, mientras que los ex agentes de la policía política pasaron a integrar la Oficina de seguridad nacional.

En la ex Checoslovaquia, la ley de lustración fue votada en 1991. En 2002 se autorizó la consulta sin censura de los archivos. A pesar de esta iniciativa oficial, varios nombres de agentes de la StB no fueron incluidos en los archivos, lo que llevó al ex disidente Petr Cibulka a publicar una lista en Internet. El caso de Eslovaquia, a mediados de los noventa, presenta características un tanto más transparentes y, desde 2002, cuando se creó el Instituto de la Memoria de la Nación, las víctimas de la policía política han podido acceder a sus archivos y conocer los nombres de sus delatores y los agentes con los que estaban en relación.

En el caso de los países bálticos, la revisión del pasado se presentó de una manera más complicada, ya que Estonia, Letonia y Lituania estaban integrados a la ex Unión Soviética. Los archivos, en el caso letón o lituano, fueron destruidos por la KGB o trasladados a Moscú. En las tres repúblicas, las leyes de lustración exigen que las personas que ocupan cargos en la función pública declaren a los institutos nacionales de la memoria si colaboraron de alguna manera con la KGB.

"Es evidente que se logró un acuerdo de impunidad. Por eso me sorprende más que ni siquiera haya habido venganzas privadas. ¿Hasta qué punto no hay justicia... ni memoria?", se pregunta.

Por Patricio Arana
La Nación, Buenos Aires
30.04.2005


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